Sospechan que un oficial jefe de la Federal y su chofer prestaron colaboración en el golpe millonario al banco Macro, en Congreso.
Un oficial jefe de la Policía Federal y su chofer, también integrante de la fuerza de seguridad, son investigados por la Justicia por su presunta participación en el denominado robo del milenio, hecho ocurrido el 6 de marzo pasado, cuando un grupo de boqueteros saqueó 99 cajas de seguridad de un banco de la zona de Congreso y escapó con un botín millonario.
Fuentes de la investigación informaron a LA NACION que se sospecha que los dos uniformados habrían prestado colaboración externa a los ladrones que ingresaron en la sucursal del banco Macro, situada en Callao 264.
"Se podría decir que habrían colaborado para que la zona estuviera liberada mientras duraba el robo, protagonizado por los boqueteros", sostuvo un alto jefe policial.
Los dos policías investigados se desempeñan en la comisaría 5a. En el momento en que ocurrió el robo, el jefe policial no estaba de servicio, y a cargo de la seccional estaba el tercer jefe de esa dependencia.
La investigación del asalto está a cargo de la fiscal de Instrucción porteña Viviana Fein y el juez de instrucción Mauricio Zamudio, y colabora la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal.
La comisaría 5a. dejó de participar de la pesquisa, cuando se descubrió la presunta participación del oficial jefe y de su chofer en el robo.
Fuentes con acceso al expediente explicaron a LA NACION que la fiscal Fein solicitó la detención de los dos policías investigados y los presuntos boqueteros. Pero al cierre de esta edición, el juez Zamudio no había firmado ninguna orden en ese sentido.
La línea investigativa se orientó hacia el jefe policial y su chofer, cuando se obtuvo una filmación de una cámara de seguridad que grabó a los dos uniformados apoyados en el vehículo del oficial de mayor jerarquía, en un garaje en cercanías del banco. Ambos estaban francos.
Fuentes con acceso al expediente afirmaron a LA NACION que la Justicia investiga si, mientras duró el golpe boquetero, el chofer del jefe policial se comunicó por radio con los ladrones, que estaban dentro de la sucursal bancaria.
"Hubo comunicaciones entre el chofer y otros teléfonos, cuyas antenas se activaron en la zona del banco", explicó un vocero consultado.
Una vez que se comprobó que el jefe policial era la persona que aparecía en la imagen, los investigadores judiciales comenzaron a rastrear si hubo modificaciones en su patrimonio o en su modo de vida.
Ante la sospecha sobre los dos policías, se abrió un sumario en la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal, que debe investigar las acciones de los uniformados, más allá de lo que suceda en el expediente judicial.
La sospecha sobre la zona liberada también se sustenta en el análisis de las grabaciones que las cámaras captaron en el exterior del banco.
Durante las nueve horas que duró el robo, ningún patrullero pasó por la cuadra del banco, donde estuvieron estacionados un auto celeste y una camioneta blanca utilitaria que la banda usó luego para escapar.
El hecho se inició el sábado 6 de marzo, cerca de las 22, en la sede bancaria de avenida Callao, a poco más de dos cuadras del Congreso Nacional, y según lo captado por las cámaras, terminó a las 7.17 del domingo 7, cuando se activó la alarma que avisó a la policía.
A partir del análisis de un video aportado por el banco Macro a la Justicia, que fue grabado por las cámaras de seguridad instaladas en la entidad, los investigadores determinaron que la banda, que entre la noche del 6 y la mañana del 7 de marzo concretó el millonario asalto, estaba integrada por diez delincuentes que usaron pasamontañas, barbijos y guantes para no dejar huella alguna.
Los ladrones violentaron 256 cofres, pero sólo 99 de ellos estaban alquilados por clientes y fueron saqueadas por los delincuentes.
Pocas horas después de que se hiciera público el millonario robo, la fiscal Fein dijo que los ladrones "seguramente" habían tenido información precisa de los sistemas de seguridad del banco.
Ante la sospecha de que la banda obtuvo datos de parte de un entregador, la fiscal Fein pidió a las empresas prestatarias de servicios del banco Macro que entregaran la nómina del personal que prestaba el servicio de seguridad privada en esa entidad crediticia.
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