La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, dispone un plazo de 90 días para que los clientes del operador migren a otro prestador.
El Gobierno nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial la declaración de la caducidad de la licencia otorgada a la empresa Fibertel para la prestación de los servicios de transmisión de datos en el ámbito nacional, telefonía local y telefonía pública.
La resolución 100/2010, que se puede descargar en formato .pdf, desde aquí, indica que tiene vigencia desde el 15 de enero de 2009 y dispone un plazo de 90 días contados a partir de la notificación de la norma para “implementar las medidas necesarias a los fines de migrar los servicios que se estuvieran prestando”.
La decisión afecta a los “servicios de transmisión de datos en el ámbito nacional, aviso a personas, videoconferencia, repetidor comunitario, transporte de señales de radiodifusión, valor agregado, radioeléctrico de concentración de enlaces, telefonía local y telefonía pública”.
La resolución encomienda a la Comisión Nacional de Comunicaciones "la instrumentación, el control, la fiscalización y la verificación” de la norma.
El Gobierno había anunciado este jueves la cancelación de la licencia, por "incumplimientos" de normativas del sector de telecomunicaciones.
La medida fue aplicada porque Fibertel traspasó "unilateralmente" y "sin la debida autorización previa" sus servicios a Cablevisión, cuando se fusionaron ambas empresas controladas por el grupo Clarín, dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, al hacer el anuncio.
De Vido explicó que se habilitó el plazo de 90 días para que los clientes de Fibertel “migren” a otras compañías proveedoras del servicio de Internet y de transmisión de datos en el mercado local, que en conjunto reúne a unos cuatro millones de usuarios, según cálculos de consultoras privadas.
Indicó, además, que el Gobierno comenzó una investigación con vistas a determinar si corresponde hacer denuncias penales contra Fibertel y Cablevisión por “desobediencia” e “incumplimientos” de normativas vigentes.
El ministro aseguró que Fibertel “ya no existe más” desde que se fusionó con Cablevisión, la mayor empresa de televisión por cable del país.
En un comunicado, Cablevisión definió a la medida gubernamental de “ilegal”, “arbitraria” y sin “antecedentes” y anticipó que “ejercerá todas las acciones administrativas y judiciales, tanto en el fuero civil como penal, para defender sus legítimos derechos y velar por la continuidad de sus servicios”.
Consideró, además, que la medida “revela una brutal actitud de hostigamiento contra una empresa” y “busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas”.
“Con esta medida, el Gobierno pretende anular la competencia en la prestación del servicio de Internet, favoreciendo sospechosamente a las compañías telefónicas de capitales extranjeros que ostentan un claro monopolio, en desmedro de una compañía nacional”, aseguró.
Cablevisión absorbió a Fibertel en 2002 por medio de un traspaso de acciones que fue aprobado por la Inspección General de Justicia, organismo de control de la personalidad jurídica de las sociedades privadas que a juicio del grupo Clarín es el único competente en ese tipo de operaciones.
En septiembre de 2006 Cablevisión anunció su fusión con su competidora Multicanal, con lo cual pasó a ser la mayor operadora de televisión por cable, pero esta operación es motivo de una disputa con el Gobierno que se dirime en los tribunales.
Fibertel es una empresa que se disolvió en el marco de una fusión que el Estado no aprobó”, puntualizó De Vido al insistir en que Cablevisión “usurpó2 la licencia de la operadora de Internet, que en su web declara dar ese servicio a poco más de un millón de clientes, entre residenciales y empresas.
En el país hay 4 millones de abonados a servicios de Internet, de los cuales el 38 por ciento lo hace por banda ancha, según consultoras del sector de telecomunicaciones.
En un comunicado de prensa, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) rechazó la medida y recordó que "el sector ya se ve seriamente amenazado por la puesta en vigencia de la Ley de Medios que desalienta la instalación de redes modernas que sean una alternativa a las telefónicas".
La entidad señaló que "al servicio de Internet —por la Ley 26.032— se lo considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión", y aclaró que brega "por un diseño regulatorio que asegure una competencia equilibrada y racional entre varias plataformas tecnológicas y que no destruya un activo de desarrollo social: las redes TV de cable".
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