Las 1.000 compañías y agencias que ofrecen servicios de protección cuentan con un cuerpo de vigiladores que supera los 220.000 hombres. El 82% de esta fuerza se concentra sólo en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto cuesta el servicio? Características del negocio
Impulsado por el constante reclamo de mayor seguridad que muestran distintos sectores sociales, el negocio de la protección privada sigue expandiéndose en las principales ciudades de la Argentina y, de acuerdo a la cámara que aglutina a las empresas del sector, culminó el 2009 con una facturación superior a los u$s1.000 millones.
Pero el dato más significativo, que da cuenta del desempeño de las cerca de 1.000 compañías y agencias que ofrecen estos servicios, está relacionado con la cantidad de personal que nuclean: se estima que hay alrededor de 220.000 vigiladores, entre guardias habilitados para cumplir con ese rol y empleados contratados de manera informal.
Al ser confrontado con el número de policías distribuidos a lo largo del país –cerca de 130.000 hombres– la cifra arroja una conclusión contundente: en la Argentina la seguridad depende cada vez más de la protección contratada, ya que existen casi dos vigiladores por cada agente policial.
Según la Cámara Argentina de Seguridad e Investigación (CAESI), el 82% de la fuerza privada se concentra en Capital Federal, el conurbano, y el resto de la provincia de Buenos Aires. Detrás de estas zonas se ubican, en orden de relevancia, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y la ciudad de Rosario.
Este tipo de servicios son demandados para proteger countries, empresas que realizan todo tipo de actividad y edificios de viviendas.
El precio bajo el cual se comercializa la seguridad, aseguraron desde la CAESI, se cotiza a un valor promedio de $21,26 la hora, por cada vigilador contratado.
Extendido ese valor a un período de 9 horas de cobertura para 30 días, la prestación le cuesta hoy al cliente poco más de $6.300 mensuales, por agente.
En cambio, si se requiere la presencia de personal de vigilancia durante las 24 horas la cifra trepa rápidamente a los $15.000 por cada puerta o acceso que deba ser controlado.
“Los montos varían dependiendo del servicio que requiera el cliente. Hay vigiladores que, por ejemplo, tienen que desempeñar funciones en lugares como aeropuertos y, por ende, tienen que saber sí o sí más de un idioma. Eso, obviamente, encarece las cifras”, explicó a iProfesional.com Aquiles Gorini, presidente de la CAESI y titular de la firma Sérpico.
“También si el vigilador porta algún tipo de arma modifica los precios, aunque no mucho más que un 10% del promedio”, añadió.
¿Es importante la participación de los guardias armados dentro del total de vigiladores activos?
“No. Quienes portan armas representan cerca del 10% del total. Las empresas privilegian la prevención antes que otra medida”, aseguró Gorini.
La demanda de protección privada viene registrando un crecimiento promedio del 4% anual de 2001 a esta parte. Los más de 200.000 vigiladores en actividad trabajan cerca de 10 horas diarias, según la CAESI, y cobran un salario que oscila entre los $1.500 y los $1.600 mensuales.
De acuerdo a la cámara de agencias de seguridad de Santa Fe, mientras que en la Argentina hay dos vigiladores por cada policía, en Brasil existen 8 por cada agente, en España 14, en Italia 16, y en Estados Unidos 35.
El impacto en los clientes
Más allá de la envergadura que ostenta el negocio de la seguridad privada en sí mismo, resulta importante dar cuenta del impacto que tienen sus valores en quienes contratan el servicio.
En la actualidad, gran parte de los edificios de clase media y alta cuenta con esta prestación, especialmente en las zonas denominadas premium.
Néstor Pirosanto, administrador de consorcios, explicó a iProfesional.com que los costos varían de acuerdo al servicio que se contrate:
- Si se trata de una cobertura de 24 horas, el impacto en las expensas asciende a un 30% del total.
- Si se trata de seguridad nocturna, que son entre 8 y 9 horas, el incremento es del 20 por ciento.
Al mismo tiempo, mientras aumenta el presupuesto afectado a la seguridad, disminuye el destinado al sueldo del encargado, cuya participación en el costo de las expensas puede pasar del 50 o 60% aproximadamente, al 35 por ciento.
“Lamentablemente, al crecer la inseguridad, los consorcios le deben dar más importancia a estos servicios como un medio de disuasión”, manifestó Pirosanto.
Las modalidades de contrato se fueron modernizando, a tal punto que muchos apelan también a la televigilancia - además del personal físico - con sistemas que pueden ser monitoreados por el vigilador como por los propietarios, desde sus departamentos.
De esta manera, se asume un costo extra de inversión inicial por el sistema tecnológico.
En tanto, Jorge Hernández, de la Federación Reunión de Administradores, explicó que la demanda es ascendente desde hace años debido a la inseguridad que siente la población, agravada por los asaltos a edificios que se han multiplicado.
Este crecimiento se da en forma paralela a las mayores dificultades que encuentran los propietarios para hacer frente a los gastos, teniendo en cuenta que es un servicio que sufrió fuertes incrementos en los últimos tiempos.
Cuestión de tamaño
El mercado de la protección privada en la Argentina se divide entre aproximadamente 1.000 empresas distribuidas en los principales distritos. Según la CAESI, el 30% de las firmas que integran ese número opera de forma ilegal.
Gorini, titular de la entidad, sostuvo que la expansión que muestra este negocio no responde tanto a la visión generalizada que da cuenta de un aumento en los niveles de inseguridad, sino a una tendencia de orden mundial.
“La suba se está dando de manera sostenida en casi todos los países. En la Argentina no sobrepasa el 4% y el incremento no es necesariamente producto de la falta de seguridad. Por el contrario, tiene mucho que ver con la eficacia del servicio y con la disuasión que permiten los vigiladores”, dijo.
Por encima de la aceptación que evidencia la actividad, al menos en términos de contrataciones, el ejecutivo destacó el alto nivel de cooperación que existe entre estas fuerzas y la policía. “Aunque cumplen funciones distintas, hay un trabajo común en muchos aspectos”, sostuvo.
Y amplió: “Se nota la aceptación del servicio en otros niveles, dado que en varios espacios públicos concesionados como el subte o los aeropuertos hoy buena parte de la protección recae en empresas de nuestra cámara”.
La deuda pendiente
Con relación a los aspectos que, todavía pendientes, podrían apuntalar aún más la evolución de la actividad, Gorini mencionó la necesidad de una ley nacional de seguridad privada que rija en toda la Argentina.
En la actualidad, la vigencia de marcos dictados por cada provincia impide al sector, por ejemplo, la posibilidad de concretar capacitaciones en común. Y, en paralelo, reglamentar de manera completa la actividad de las distintas agencias que operan en el país.
Hoy por hoy, si una compañía quiere comercializar sus servicios de seguridad en todas las provincias, antes debe hacerse con licencias en cada jurisdicción. Esto es observado por el grueso de las empresas del segmento como una restricción que impide que el negocio gane competitividad y amplíe su abanico de ofertas en todos los distritos.
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