El robo de secretos comerciales por parte de empleados es una de las preocupaciones constantes de las empresas. Y la tecnología facilita estas prácticas.
El cuadro de situación devuelve esta hipotética imagen. Los directivos de Google van a dar a conocer, a sus casi 22.000 empleados distribuidos alrededor del mundo, un anuncio de peso. Para llevar a cabo este operativo cinematográfico montan una videoconferencia que va ser escuchada en Moscú, Chicago, Zurich, Madrid, Taipei y las demás sedes del gigante californiano. Y el anuncio se produce: “Aumento salarial del 10% para todos los empleados”.
Acto seguido se advierte duramente y se le solicita a los trabajadores que la información no se filtre a terceros porque “podría causar mucho daño a la compañía”. No conforme con eso, Google comunica por correo electrónico a cada uno de sus empleados sobre el valor confidencial de lo comunicado. Tres horas más tarde la información está en manos de un bloguero, y en manos del mundo.
El robo de secretos comerciales por parte de empleados es una de las preocupaciones constantes de las empresas. Pero lo primero que debemos tener en cuenta es el marco legal que regula esta materia.
Naturalmente, el punto de partida es la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que consagra expresamente el deber de fidelidad del trabajador hacia la empresa, estableciendo que “el trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte”. La fidelidad del trabajador hacia su empleadora comprende el secreto o reserva de la información a la que accede durante la relación laboral.
Esta norma es complementada por otra, que sanciona el deber de no concurrencia disponiendo que “el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de éste”.
La LCT es complementada por la Ley de Confidencialidad de la Información, conforme a la cual toda persona que, con motivo de su trabajo o empleo tenga acceso a información confidencial sobre cuya confidencialidad se la haya prevenido, deberá abstenerse de usarla o de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de quien legítimamente la tiene bajo su control.
A renglón seguido delimita el alcance del término información confidencial, señalando que será tal aquélla respecto de la cual se cumplan tres requisitos: 1) que sea secreta, 2) que tenga valor comercial por ser secreta y 3) que se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto.
Finalmente, pone en cabeza del titular de la información recursos civiles, tales como acciones de cese del uso ilícito e indemnización por los daños causados, y penales, cual es la posibilidad de denunciar al infractor por violación de secretos o competencia desleal, delitos tipificados por el Código Penal. Ésta es la base normativa que tutela los secretos comerciales de las empresas. Y está claro que todo ese régimen normativo es aplicable mientras esté vigente la relación laboral.
En este sentido, podría decirse que si un empleado usa o revela secretos comerciales sin autorización del empleador, secretos respecto de los cuales la empresa ha tomado medidas razonables para protegerlos y el empleador prueba la violación a los deberes de fidelidad o no concurrencia, la empresa puede despedir al empleado con justa causa, pedir el cese del uso ilícito, solicitar una indemnización por los daños causados y, en caso de corresponder, formular una denuncia penal.
La alternativa entre capacitar adecuadamente a los recursos humanos y proteger la información secreta y confidencial no es un dilema insoluble para las empresas. El marco legal actualmente vigente permite resguardar los secretos comerciales tanto durante el transcurso de la relación laboral como con posterioridad a la desvinculación de los empleados. Sólo es cuestión de utilizar las herramientas legales apropiadas según las circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas.
El cuadro de situación devuelve esta última imagen. Google hace valer sus contratos de confidencialidad y el trabajador, que fue claramente advertido, que filtró información sobre el aumento de salarios es despedido y sobre él cae todo el peso de la ley.
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