El proyecto lo impulsan legisladores provinciales de SUR. Ayer, se trató el tema en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura rionegrina. El objetivo es volcarlo en programas de estudio de los policías y de efectivos del servicio penitenciario. Pretenden que el personal que no cumpla con esa capacitación no pueda ser promovido a una jerarquía superior.
Legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial y funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Policía de Río Negro coincidieron ayer en avanzar con el tratamiento del proyecto de ley que promueve la implementación del “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, que tiene el aval de la ONU. La idea es que se incorpore a la formación de los agentes de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial.
Los legisladores discutieron el proyecto en la reunión de la Comisión que se realizó ayer y de la que participaron el director general de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, Alvaro Larreguy y su equipo de abogados. En representación de la Policía estuvieron la directora general de capacitación, Susana Martínez, y el secretario general de la fuerza, Basilio Araneda.
Los legisladores Irma Haneck y Manuel Alberto Vázquez, de SUR, presentaron el proyecto que propone la adopción de este “Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, que en 1979 fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas y en 1992 fue adoptado por el Estado Argentino a través de la Ley 24.059, informó ADN.
En el 2003, el Gobierno nacional estableció por decreto la incorporación de este código a los reglamentos de los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales, invitando a las provincias a adherir al mismo.
Durante la reunión se coincidió en la necesidad de avanzar con este proyecto de ley para que se incorpore a la formación de los agentes de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial.
La iniciativa establece entre otras cuestiones, que este código se incluya en los programas de estudio, y que el personal que no cumpla con esta capacitación no pueda ser promovido a una jerarquía superior.
También fija que la transgresión del código será considerada una falta gravísima, conformes a las respectivas reglamentaciones policiales y penitenciarias. La autoridad de aplicación, en caso de que prospere la iniciativa de ley, será el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad.
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