En un año electoral, en el que marzo será clave para las paritarias y aumentos salariales y donde la inflación se hará sentir en las empresas, los hombres de negocios se encontrarán con diversos desafíos. Expertos develan qué les depara a las compañías y cuál es el cuadro de situación actual.
En este escenario, se suma la incertidumbre característica de un año electoral y, en caso de tener juicios pendientes por despidos, la posibilidad de tener que afrontar costos laborales superiores a las previsiones de las empresas, a raíz de la disparidad de criterios de la Justicia al emitir sentencias sobre una misma materia.
Expertos consultados por iProfesional.com explicaron por qué estos son los ejes temáticos que estarán instalados en la agenda empresarial.
Paritarias y aumentos salariales
Marzo será el mes clave en materia de negociaciones salariales, si bien algunos sectores ya llegaron a un acuerdo sobre las subas para el 2011, a fines del año pasado, y otros comenzarán el debate en febrero.
Se estima que los incrementos difícilmente sean inferiores al 25%. En cambio, no está previsto, por el momento, techo alguno.
En este sentido, resulta clave destacar que, a los fines de arribar a un acuerdo, varios gremios ya no usarán las subas generalizadas de precios, que difunden las consultoras o el INDEC, sino la que se conoce como "inflación del supermercado", que supera en 10 puntos el índice promedio.
Julio Stefanoni Zani, socio de Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h), explicó que el horizonte de negociación no podrá extenderse demasiado porque, "debido a la inflación" luego se hace necesario "reabrir las negociaciones".
En tanto, Oscar Lescano, dirigente del sindicato Luz y Fuerza, señaló que "es difícil, con un alza de precios que se calcula será cercana al 30%, que los sindicatos firmen por una cifra más baja. Porque, además de la inflación del 2011, también hay que mirar lo que ya perdimos en el 2010 y tenemos que recomponer".
Conflictos sindicales y tercerización
Otro de los focos de atención pasa por la creciente conflictividad laboral.
Los asesores de empresas, consultados por este medio, aconsejaron "no desatender los reclamos de encuadre sindical, la tercerización, y la problemática de no contar con reglas claras, por ejemplo, a la hora de otorgar beneficios no remunerativos o de calcular un despido".
Al respecto, Gustavo J. Gallo, titular de Gallo & Asociados, puntualizó que hoy preocupa "cuál será la política en torno a los actuales y futuros planteos de encuadramiento y su impacto en los costos y en el clima laboral interno".
Y aclaró que no sólo se trata de "la habitual incertidumbre acerca del monto y de la determinación de los salarios sino también de la frecuente pretensión sindical de reformular cada actividad para hacerla propia ".
Por otra parte, con relación al polémico régimen de tercerización, Esteban Carcavallo, socio del Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, afirmó que "es una herramienta creada por cambios tecnológicos y procesos comerciales". Y agregó que "resulta difícil ir en contra de la corriente y buscar su eliminación".
En la misma línea, Federico Basile, socio del estudio M&M Bomchil, remarcó que "no se puede legislar para un caso específico, pero muchas veces se lo hace en represalia a un sector determinado. Pensar una reforma tan sustancial es ir contra la modernidad, las empresas no pueden dedicarse a todo".
Pese a la manifiesta necesidad de las compañías, es indudable que los reclamos por inequidades salariales, entre quienes pertenecen a la planta permanente de las empresas y quienes son trabajadores tercerizados, existen.
De hecho, en el Congreso avanzan varias iniciativas que abordan esta problemática y ponen foco en la cadena de responsables solidarios en caso de juicios laborales.
Stefanoni Zani advirtió que "no es que el trabajador le atribuye responsabilidad solidaria a la empresa principal, sino que pretende que se establezca que sea éste su empleador directo, sin importar que esté registrado en otra".
"Estamos hablando de un recargo indemnizatorio gigantesco, que si prospera la compensación, pasa a ser de cuatro o cinco veces la común. Se suele invocar en las demandas que son empleados directos del que utilizó su servicio, mediante la interposición de personas ", destacó el experto.
¿Una nueva Ley de Riesgos del Trabajo?
Tras los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declararon como inconstitucionales ciertos aspectos fundamentales de la Ley de Riesgos de Trabajo, la norma quedó herida de muerte.
A partir de entonces, las cuestiones vinculadas con asegurar a un empleado y la real cobertura que la empresa obtiene de su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) comenzaron a navegar en un mar de incertidumbres.
El Gobierno convocó, en varias oportunidades, a empresarios y sindicatos para consensuar los cambios necesarios, con el fin de dar un nuevo marco al sistema.
Ante la falta de acuerdos, en noviembre de 2009, mediante un decreto (1694/09) el Ejecutivo optó por establecer un nuevo piso indemnizatorio de $180.000 a los efectos del cálculo de reparación por accidentes.
Sin embargo, aún existen dos cuestiones clave pendientes de resolución, que mantienen en vilo a todos los hombres de negocios: una de ellas tiene que ver con la doble vía.
Es decir, que el empleado pueda ser resarcido por la ART y, a su vez, si el monto pagado no cubre sus necesidades, éste mantenga la puerta abierta para iniciarle a la compañía una demanda civil para reclamar un monto adicional.
La otra cuestión pendiente de reforma está vinculada con los accidentes in itínere, en cuanto a si el empresario debe hacerse cargo, o no, de los que pudiera sufrir el empleado en su camino al trabajo.
Es así como la actual normativa quedó sumamente difusa.
"Esto conlleva a un incremento inevitable de los costos laborales", destacó Basile.
"Hoy, el trabajador accede a la prestación de la ART y aún así puede ir por más. Se siente insatisfecho e inicia un litigio -ya que la doble vía sigue vigente-", aseguró.
Incremento de los costos laborales
En la actualidad, las empresas se ven envueltas en una gran incertidumbre a la hora de disponer el despido de un empleado, en lo que respecta a la indemnización que finalmente tendrá que pagar si el dependiente decidiera hacerle juicio.
En este escenario, expertos estiman que el 95% de los litigios son previsionados como inciertos, en la calificación que se solicita a auditores para poder cerrar balances y presupuestos.
"Tal como están dadas las circunstancias, se hace difícil darle a un accionista del exterior asesoramiento confiable y el local, no lo entiende. Se hace prácticamente imposible conocer algo que va a suceder como mínimo en tres años, como ocurre con el monto a pagar por una indemnización, sumado a que, en ese lapso, puede cambiar la jurisprudencia o la ley", destacó el abogado de M&M Bomchil.
En este contexto, un tema que preocupa y que puso en jaque a las empresas es la modificación de dos pilares básicos en materia laboral: el despido libre y el costo tarifado.
Con respecto a la primera cuestión, existe un abanico de situaciones donde los jueces, generalmente, resuelven a favor de los dependientes. Por ejemplo, cuando se trata de cesantías de empleadas embarazadas o trabajadores accidentados.
Pero también hay otro tipo de reclamos que, en la actualidad, están tocando las puertas de los tribunales y tienen que ver con casos de discriminación laboral. Si el despido recayó sobre un gremialista, la normativa vigente establece que el mismo es nulo y se termina obligando a la firma respectiva a restituir en su empleo al trabajador cesanteado.
De esta forma, los empresarios no sólo ven incrementadas las indemnizaciones a las que son condenados a pagar sino que también se encuentran, de alguna manera, "limitados" a la hora de resolver una desvinculación.
"Ha cambiado la matriz laboral, o como mínimo se puso en crisis", indicó Stefanoni Zani.
"Triunfó una posición que hace que cualquier persona, que ejerza cualquier tipo de actividad sindical, y que fue despedida, vaya a invocar la discriminación y a pedir inmediatamente su incorporación a la empresa", sostuvo el abogado.
De hecho, esto fue lo que resolvió la Corte Suprema, a principios de diciembre de 2010, cuando el máximo tribunal ordenó a la firma Cencosud -empresa que explota los hipermercados Easy y Jumbo, el shopping Unicenter y los supermercados Disco- reincorporar a sus puestos de trabajo a un grupo de empleados luego de considerar que las cesantías fueron producto de un acto de discriminación.
En la causa, los magistrados sostuvieron que la Ley 23.592, que penaliza los actos discriminatorios, resulta aplicable a los empleados del sector privado que no gozan de protección sindical, sentando así un importante precedente de alto impacto para las empresas.
Empleados fuera de convenio
Otra de las preocupaciones de los hombres de negocios, de cara al nuevo año que acaba de comenzar, tiene que ver con el llamado "solapamiento salarial".
Sucede que las compañías se ven forzadas a reforzar sus políticas de beneficios para todos aquellos empleados que no están amparados por los convenios colectivos de trabajo, de modo de evitar una situación de descontento respecto de los dependientes que recibieron aumentos salariales como resultado de las paritarias del sector que los nuclea.
Hoy en día, es frecuente que las empresas se enfrenten con sueldos rezagados respecto a la inflación real y solapamientos salariales entre jefes y subordinados, en la medida que no se otorgue una compensación.
Sin embargo, los expertos consultados por iProfesional.com advirtieron que el otorgamiento de beneficios podría transformarse en un arma de doble filo para las compañías.
Esto es así porque, cada vez con mayor frecuencia, la Justicia considera que los beneficios otorgados a los empleados, más allá del sueldo, formen parte de la liquidación final en casos de despido.
En este sentido, los magistrados suelen otorgan carácter remunerativo a conceptos tales como la cobertura médica, comisiones, viáticos y el teléfono móvil, incrementando así los costos laborales derivados de una cesantía.
"Si se quiere desvincular a un empleado hoy no se tiene idea de cuánto puede llegar a costar. Hace unos años se calculaba con precisión", explicó Stefanoni Zani.
"La indemnización final hay que multiplicarla por cinco veces o más", indicó el experto.
Un tema que se viene: el reparto de ganancias entre empleados
"Hay preocupación por esta iniciativa ya que el Gobierno la va a utilizar para presionar al empresariado", sostuvo Carcavallo, al referirse al proyecto de ley que propone que los empleados participen de las ganancias de las empresas.
El diputado Héctor Recalde, autor de la iniciativa, ingresó a la Cámara de Diputados, en septiembre de 2010, una propuesta parlamentaria que apunta a obligar a las compañías a participar a los trabajadores de sus ganancias, siempre que empleen más de 300 personas.
No obstante, en el futuro, se incorporarían también aquellas que no alcanzaran ese número.
Al respecto, Recalde aseguró que este proyecto "no va a generar desempleo" y remarcó que, de ninguna manera es "inoportuno".
Y advirtió: "En ningún caso está previsto que un legislador, antes de redactar una iniciativa, tenga que consultar al sector empresario", respondiendo así a las críticas que recibió de parte de las cámaras empresariales.
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