Pese al sostenido crecimiento económico de la mayoría de los países latinoamericanos durante la última década, y a una relativa mejora en ciertos indicadores sociales, la región continúa registrando niveles preocupantes de inseguridad y violencia, lo que genera elevados gastos en prevención, desaliento de las inversiones y oportunidades de negocios perdidas o aprovechadas sólo en parte.
En América Latina vive algo más del 8% de la población mundial pero según algunas estimaciones, seis de los diez países con mayores tasas de homicidios están en la región. Si se observan los delitos comunes, el panorama tampoco es muy alentador. El Banco Mundial afirma que más del 10% de la población y del 30% de las empresas en Latinoamérica dice haber tenido pérdidas por robo o vandalismo.
En abril pasado, durante una jornada organizada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, presidente del BID, le puso cifras al fenómeno. Estimó que la inseguridad reduce en más de un 7% el PBI de los países latinoamericanos, un costo cercano a US$350.000 millones al año. Allí se contabilizan gastos en asistencia médica, justicia y prevención, pero también el impacto por la reducción del turismo y costos derivados de la pérdida de competitividad.
Durante un taller sobre prevención del delito realizado a fines de junio en Cali, Hasan Tuluy, vicepresidente regional del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, recordó que “más del 60% de las empresas en la región se ven obligadas a contratar servicios de seguridad privada, que representan entre 2 y 6% de su facturación anual”. Y añadió que “por lo menos un tercio de los empresarios consideran a la inseguridad como una de las mayores limitantes para su actividad y expansión”.
Al respecto, Edgardo Frigo, director general del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad (FPLS), advierte que “hay mucha inversión que no llega a América Latina debido a los problemas de seguridad”, e incluso ejecutivos de multinacionales “no quieren venir a la región” por esta causa. “Estos son los costos ocultos de la inseguridad”, sostiene el experto.
La inseguridad es un fenómeno de alcance regional, pero hay diferencias entre países. En junio pasado se conoció el Índice Latinoamericano de Seguridad Pública 2013, elaborado por FTI Consulting. Entre los países más peligrosos para vivir y también para hacer negocios aparecen Haití, Venezuela, Honduras, Guatemala y México, mientras que los más seguros son Costa Rica, Chile y Uruguay. Contra la opinión dominante en vastos sectores de la población argentina, nuestro país ocupa el quinto lugar entre los más seguros, en un pelotón que integran Panamá, Paraguay, Ecuador y Perú, entre otros.
Respecto del impacto económico de la inseguridad, Diego Cano, responsable de la oficina local de FTI Consulting, dice que “las actividades extractivas, tales como la minería y la explotación de gas natural y petróleo, son, posiblemente, de las más afectadas en la región”. Esto es así porque estas inversiones, especialmente fuera de Argentina, “están localizadas en zonas donde existen escasos niveles e infraestructura de seguridad”.
El BID ha lanzado un proyecto para cuantificar el costo económico de un entorno delictivo en América Latina. Diversos estudios dan cuenta, por ejemplo, de que en Uruguay el costo del crimen y la violencia absorbe el 3,1% del PBI (US$1200 millones), una tasa que en Centroamérica trepa al 8% del producto. Un relevamiento en México advierte que un incremento del 1% en la tasa de homicidios, disminuye el valor de las viviendas en esas zonas en 1,8%. Además, las municipalidades más afectadas por el crimen organizado han tenido caídas significativas en su actividad económica y menor consumo de electricidad.
Por su parte, estudios en Brasil señalan que aumentar la seguridad del hogar, en un nivel estándar, tiene un impacto promedio de más de US$750 mensuales. Si se aplican estos datos a los 18 millones de viviendas incluidas en la zona relevada por el BID, la cantidad total asciende a US$13.600 millones.
Desde sus oficinas en Washington, la economista Ana Corbacho, asesora de Instituciones para Desarrollo del BID, destaca que “ciertamente, la inseguridad y la violencia impactan en el clima de negocios, la inversión y la actividad económica”. Aclara que para niveles de violencia bajos “las consecuencias pueden pasar desapercibidas, pero pasado cierto umbral, las decisiones de inversión de mediano y largo plazo se ven afectadas, socavando el crecimiento económico”. Y menciona que en México aquellas municipalidades más atravesadas por el crimen organizado, “han tenido caídas significativas en su actividad económica”.
En la Argentina, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Ministerio de Seguridad tiene asignados $25.900,5 millones, y hasta fines de junio se llevaban ejecutados $13.528,4 millones, un 52%. “No es poca plata la que pone el Estado, pero no alcanza”, sostiene Edgardo Frigo. El experto destaca que en la Argentina “el gasto en seguridad privada, vigilancia física, monitoreo y alarmas es de unos $3.000 millones anuales”.
